Alejandro Caravario 10y

El desquicio permitido

BUENOS AIRES -- El desastre económico de algunos clubes ha dejado de ser un dato ajeno a la competencia deportiva para meterse de lleno en la cancha.

El caso de Colón es una muestra categórica. Primero, los dirigentes se olvidaron de pagarle una deuda al Atlante de México, lo que les costó un descuento de puntos por pedido de FIFA.

Si bien se dice que el castigo tiene posibilidades de revisión (como siempre, todo está en manos de Grondona), por ahora Colón ha sufrido una merma adicional y peligrosa en su promedio por erróneas decisiones administrativas (digámoslo así) de las autoridades del club.

El faltazo del plantel al partido ante Rafaela es todavía peor. Porque un equipo que no se presenta -sobre todo si el adversario de turno pelea el campeonato- genera iniquidades.

Recoger tres puntos sin siquiera salir a la cancha es una prerrogativa de Atlético Rafaela de la que no han gozado ni gozarán San Lorenzo, Boca, Lanús ni Arsenal, sus rivales en la recta final.

El conflicto surgió por una deuda con el plantel de nada menos que siete meses. No se trata, por lo tanto, de un problema nuevo, que pudiera tomar a nadie por sorpresa.

Pero sucede que la AFA cumple mal o no cumple las tareas que le impone su propio estatuto. Sergio Marchi, de Agremiados, señala esporádicamente que la mayoría de los clubes, si se respetara la letra reglamentaria, no podría competir debido a sus descalabros financieros.

Dice más el estatuto. Dice que el presupuesto anual de cada institución debe ser aprobado y supervisado por la AFA. Y que los clubes tienen que cumplir con los números pautados "bajo apercibimiento de pérdida de categoría" (Artículo 6º).

Pero la AFA, más allá de estas declaraciones románticas, sólo interviene cuando el incendio amenaza la calle Viamonte. Ahora don Julio ha dicho que está harto de que los clubes le pidan dinero y que no va a poner un peso más para nadie.

Germán Lerche, presidente de Colón, quien renunció (va por su tercer mandato), es un hombre cercano a Grondona. Y muchos lo veían como un candidato serio al sillón más apetecible del fútbol una vez que don Julio decidiera ponerle fin a su papado.

Se supone que este escenario político -que echa algo de luz sobre la calidad de los dirigentes deportivos- ha sido dinamitado. Sin embargo, las culpas no salpican al presidente de AFA, que ahora posa de patrón ofendido con las incorrecciones de sus súbditos.

La AFA debe administrar incluso más celosamente que lo prescrito por el estatuto la enorme masa de dinero público que se paga por el "Fútbol para Todos". El propio Estado debería exigírselo, con toda precisión sobre la forma y periodicidad de las auditorías y las penalidades a aplicar en caso de que la plata se malgaste.

Que el titular de un club de Primera le firme un contrato por un millón de pesos mensuales a su ineficaz dupla técnica dos meses antes de abandonar el cargo es uno de los despropósitos en los que el Estado no tendría que ser ni siquiera socio minoritario. Y la AFA, con la ley en la mano, haría bien en ejercer un control estricto antes de que la sangre, como pasa siempre, llegue al río.

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